| Summary: | Las prácticas de atención a la niñez y adolescencia han evolucionado de forma paralela a las comprensiones y el reconocimiento de los derechos de la población. La entrada en vigor de la Doctrina de Protección Integral (DPI) fue un salto cualitativo en la consideración de los niños, niñas y adolescentes (NNA) como titulares irrenunciables de derechos y responsabilidades. Además, la DPI significó la implementación de un nuevo esquema de concepciones teóricas y metodológicas sustentadas en los derechos humanos. La DPI supuso la ejecución -con prioridad absoluta- de acciones, planes y programas estatales para la garantía y acceso efectivo de todos los NNA a los derechos humanos; considerando como eje transversal la atención a las situaciones especiales que les vulneran tanto individual como colectivamente. Estas acciones permitieron la configuración de estrategias asumidas por las instituciones, ya no solamente para la atención y protección de los NNA en situación de riesgo y vulnerabilidad, sino también para la creación de las condiciones que garanticen su desarrollo integral. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) no fue la excepción, pues tras la introducción de la DPI implementó cambios y adaptaciones que le permitieron alinear las acciones institucionales a los nuevos preceptos teóricos, metodológicos y jurídicos. Cada una de estas transformaciones institucionales representaron para el Trabajo Social nuevos procesos de trabajo correspondientes a los lineamientos de los marcos legales mínimos para la atención de la niñez y la adolescencia establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Estos cambios se incorporaron de forma compleja y paulatina al bagaje teórico necesario para el ejercicio profesional en este espacio sociolaboral y se convirtieron en elementos esenciales para desarrollarse operativamente en el plano de la intervención...
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