La violación en menor o incapaz en el departamento de San Miguel, 2003-2005 - Argueta Amaya, Adan Patricio, (UES, FMO, 2005)
El grupo investigador constata que el delito de violación en menor ó incapaz es bastante amplio y requiere que su estudio sea mas especifico tanto en la conducta típica del ilícito como en el sujeto pasivo; esto debido a que según algunas respuestas de la población entrevistada se concluye que en el acceso carnal debe existir violencia porque de lo contrario, no se puede considerar la violación criterio que no es el adecuado. En consecuencia la primera hipótesis general planteada es afirmativa, siendo estos los criterios que tienen los aplicadores de justicia y los informantes más cercanos a ellos, aunque no se puede quitar méritos a los Fiscales, Defensores Públicos y Abogados litigantes que tienen un conocimiento amplio del tema en estudio. Además la incapacidad de resistir es una capacidad que esta referida a personas físicamente vulnerables. De acuerdo a las estadísticas generadas en la investigación de campo el 88.46% de los entrevistados dicen conocer la estructura del delito en estudio pero al momento de mencionar los elementos de esa estructura, no pueden hacerlo con facilidad, lo cual denota que al momento de adecuar un caso en concreto generan problemas al plantear cada uno de los componentes de la estructura del mismo y no los diferencian de otros delitos sexuales como la violación, agresiones sexuales y estupro; además los informantes claves quienes son directamente los aplicadores de justicia, respondieron que los elementos de la estructura del delito de violación en menor ó incapaz son: el acceso carnal por vía anal o vaginal, el sujeto activo y el sujeto pasivo; dejando fuera de esa estructura el elemento subjetivo que es el dolo. En ese sentido se comprueba que el delito de violación en menor ó incapaz tiene una estructura diferente a otros delitos de carácter sexual que lo hacen diferente y por ello causa problemas al momento de adecuarlo en un caso en particular. Los datos obtenidos de la población entrevistada reflejan que los informantes cercanos un 61.53% en su mayoría fiscales, consideran la consecuencia jurídica establecida en el delito de violación en menor o incapaz es proporcional y cumple con todos los principios de la ley penal vigente; pero no obstante el 38.46% consideran a la pena de 14 a 20 años de prisión como exagerada y desproporcional al daño causado, criterio que se apoya en los resultados de las entrevistas no estructuradas dirigidas a los informantes claves (jueces y magistrados de cámara), proponiendo estos últimos una modificación en el mínimo de la sanción dejándolo en 8 años, dando de esa forma una equidad en la afectación de la libertad del imputado y el bien jurídico dañado.