Inaplicación de penas mayores de treinta años de prisión en la Zona Oriental de El Salvador 1999-2004 - Cornejo Vásquez, Héctor Ernesto, (UES, FMO, 2004)
La pena de prisión es una consecuencia jurídica establecida en la ley e impuesta al ser humano cuando ha sido encontrado culpable de un hecho delictivo; ello implica la perdida temporal del Derecho a la libertad, con el objeto de formarles hábitos de trabajo y reincorporarlos a la sociedad, constituyendo ésta la finalidad utilitaria de la pena, respetando una serie de derechos establecidos en la Constitución y que son inherente a la persona humana. En el ordenamiento constitucional de El Salvador, se desarrolla las aportaciones de la Escuela Positiva; en tal sentido a la persona que delinque se le impone una pena con una doble finalidad: en primer lugar para que la sociedad se abstenga de cometer delitos, a lo cual se le conoce dentro del tecnicismo jurídico como Prevención General; y en segundo lugar, se impone esa sanción al individuo con la finalidad de readaptarlo a la sociedad, constituyendo esto último la Prevención Especial; en ese sentido el Artículo 27 de la Constitución de la República plasma en su inciso último que “El Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”. De lo anterior se deduce la correspondencia de las teorías de los fines de la pena y los principios regulados en el Artículo 27 de La Constitución. Las Leyes Secundarias tienen como fin desarrollar los preceptos Constitucionales; en tal sentido, el Derecho Penal no es la excepción porque en él se desarrollan las consecuencias Jurídico-Penales a que están expuestas todas aquellas personas que realicen conductas reguladas como delito. Las penas que adopta el sistema penal Salvadoreño se encuentran reguladas en el Articulo 45 del Código Penal, que en su numeral primero expresa los límites mínimo y máximo de su aplicación, estableciendo así que la imposición de una pena de prisión oscilara entre seis meses a setenta y cinco años, situación que resulta contradictorio al momento de valorar lo expresado por el Art. 27 de la Constitución de la República, que señala como fin de la pena de prisión, la resocialización y prevención de los delitos, en la medida que con la aplicación de una pena mayor de 30 años pierde su finalidad preventiva-resocializadora, por cuanto la estipulación de una pena de prisión en concreto que sobre pase tal cantidad de años lleva imbíbito un carácter retributivo y no preventivo resocializador.