Los derechos humanos y la responsabilidad penal del estado salvadoreño - Quintanilla Coreas, Oscar Osmin, (U.E.S., 2002)
Analizar la responsabilidad Penal de los Funcionarios Estatales, en materia de derechos humanos y analizar cuales son las condiciones estructurales que existen en El Salvador para el respeto de los derechos humanos. En el presente trabajo de investigación jurídico social denominado “Los Derechos Humanos y la Responsabilidad Penal del Estado Salvadoreño” se utilizó el método científico el cual los permitió generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos para llegar a demostrar con rigor racional la verdad, y así conseguir la comprobación de la investigación con la técnica de su aplicación. También se utilizaron el método analítico y sintético, las teorías y datos que se obtendrán del objeto de estudio. Ya que a partir de los datos y las teorías se trata de explicar el comportamiento del fenómeno aludido. Además se hará uso del método comparativo. Que es el que permitirá como la palabra lo indica hacer la comparación de leyes y teorías a casos que están en estrecha relación con el objeto de estudio, para poder así comprobar con objetividad la investigación. Al analizar la historia jurídico social de la Sociedad Salvadoreña, entorno al objeto de estudio investigado se aprecia que en la evolución de los derechos humanos y la responsabilidad penal de los funcionarios publico no existe antecedente que los permita afirmar que un funcionario público o Militar que goza de una posición económicamente privilegiada, haya sido procesado por violar los derechos humanos, a pesar que la legislación primaria y secundaria contemple sanciones en contra de quien lesione los derechos fundamentales. La realidad jurídica de El Salvador a estado cargada y todavía lo esta, de un contenido Utópico de beneficio sectorial, es decir, que la creación de las Leyes han significado un estricto cumplimiento para los sectores desposeídos, mientras que para el sector influyente a significado un desconocimiento de las mismas. Tal y como manifestó Monseñor Oscar Arnulfo Romero en una de sus Homilías “LA LEY ES COMO LA SERPIENTE, HA SIDO CREADA PARA MORDER A LOS QUE ANDAN CON LOS PIES DESCALZOS.” En estas frases proféticas se resume la realidad, en cuanto a la aplicación de las Leyes a los funcionarios públicos que además de ostentar una posición decorosa son beneficiados con la benevolencia de la aplicación de las mismas. En el presente aún existen tendencias orientadas a proteger a los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones o fuera de estas lesionan derechos fundamentales, ya que las instituciones competentes como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, en mucho de los casos, no realizan su actividad apegada a las leyes, en consecuencia han permitido ha funcionarios Estatales que cometen violaciones a los derechos humanos, ha que no sean sancionados o procesados conforme a derecho penal. Ejemplo lo constituye, el no desafuero del diputado Merino, la Venta de Licor Adulterado, la Desaparición del Abono del Banco de Fomento Agropecuario BFA, entre otros. Donde las instituciones competentes del Estado no han deducido la responsabilidad penal de los funcionarios implicados. Para que en El Salvador exista una protección, respeto y garantía a los derechos humanos se requiere de un Estado Democrático de Derecho, en donde los funcionarios que lesionen derechos fundamentales sean sancionados rigurosamente, respetandoles los principios Constitucionales. Al analizar sí los mecanismos de control de poder (Amparo, Habeas Corpus y el de Inconstitucionalidad.) de las instituciones del Estado, se concluye que no son efectivos para deducir responsabilidad de los funcionarios públicos, ya que la Ley de Procedimientos Constitucionales no esta apegada a la realidad presente, por lo general cuando se intenta una acción de esta naturaleza la mayoría de los Casos son dilatados, y a consecuencia de ello las resoluciones que se han pronunciado han sido contrarias a lo solicitado por el interesado aunque la víctima tenga él legitimo derecho y además, hayan comprobado eficientemente sus pretensiones de acuerdo a los medios que la misma Ley les conceden. Ejemplo lo constituyela aplicación de la tan discutida Ley de Amnistía, que a más de seis años de haber introducido un recurso de inconstitucionalidad, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió que esta es Constitucional. Dejando desprotegidos los derechos de las víctimas. Entorno, al papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en cuanto a deducir responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos de instituciones Estatales, se concluye que la PDDH, a ejercido una función determinante en el contexto, de deducir la responsabilidad de los funcionarios públicos cuando estos en virtud de sus funciones lesionan derechos humanos, recomendando en mucho de los casos la destitución de los mismos. Aunque la realidad presente de la PDDH denota el interés de los sectores que históricamente han violado los derechos humanos en oponerse al fortalecimiento de esta institución, para que no se les deduzca constantemente responsabilidad por la violación ha los mismos, lo anterior implica un retroceso en función de promover el respeto a los derechos fundamentales y un obstáculo a la incipiente Democracia en El Salvador. Por lo tanto se concluye que la prevención, protección y respeto de los derechos humanos corre por cuenta del Estado, en consecuencia debe este fortalecer a las instituciones jurídicas y no jurídicas; y para que los interesados en violarlos se han sancionados penalmente, se requiere de una Democracia incluyente en donde se permita la participación ciudadana en la toma de decisiones, en los diferentes órganos de gobierno.