La presunción de inocencia sobre el acusado, en el derecho procesal penal panameño - Batista Guevara, Rosa Patricia
La presunción de inocencia es un derecho inherente, inmutable y arraigado a la naturaleza humana. Una persona acusada de un delito debe considerarse como inocente hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia en firme. La carga de la prueba en el proceso penal corresponde a quienes acusan del ilícito, pues el acusado goza de la presunción de inocencia, sin perjuicio de su derecho de presentar pruebas en su descargo. Esto significa que el imputado no necesita probar su inocencia, al gozar de un status jurídico reconocido constitucionalmente; los que acusan deben desvirtuar esa presunción, a través de la actividad probatoria necesaria, ante el Tribunal de Juicio. Dentro del sistema Penal Acusatorio de Panamá, el juez de garantías tiene la facultad y obligación de velar por la protección y cumplimiento de derechos constitucionales y fundamentales del indiciado. El control de la aprehensión se refiere a la evaluación de ciertas reglas de procedimiento, que deben cumplirse para que la aprehensión sea legal, por lo tanto, el Juez de garantía evaluará si se han cumplido y respetado los derechos y garantías constitucionales del aprehendido. El propósito de esta investigación es determinar la efectividad en el reconocimiento y protección de la presunción de inocencia, y cómo su afectación incide negativamente en el individuo. Además, exponer las consecuencias del no reconocimiento del principio de inocencia en la sociedad; enmarcada en una metodología de tipo descriptiva y explicativa, sustentada en fuentes documentales. Entre los principales resultados se concluye que la presunción de inocencia tiene la particularidad de ser subjetiva al caso, al individuo, que puede modificarse en cada proceso de una manera única, a diferencia de otros derechos que se pueden observar de manera material y tangible. El acusado el derecho de ser tratado con respeto y dignidad, tal como lo establece la legislación panameña. sin embargo, su aplicación y respeto como se define en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, pareciera una utopía, porque la legislación en Panamá, con miras a combatir los delitos, carece de objetividad y realidad social.