| Sumario: | En Costa Rica, como consecuencia de la aprobación del Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se promulga la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, la cual reconoce el ejercicio pleno y capacidad jurídica en igualdad de condiciones ante la ley, lo que trae como consecuencia la derogación del proceso de insania y del instituto jurídico de la curatela. Así mismo, en respuesta a este paradigma de derechos humanos y bajo la filosofía de calidad de vida, surge el proceso de la salvaguarda y la figura del garante para la igualdad jurídica, cuyo fin es impulsar la autonomía de la persona con discapacidad, mediante el sistema de apoyo para la toma de decisiones, sin que ello suponga la representación o sustitución. Por cuanto se concibe que se lleva una vida independiente cuando se ejerce la posibilidad de decidir, incluso cuando posteriormente las decisiones no se vayan a ejecutar de manera personal. No obstante, algunas personas enfrentan barreras que impiden la comunicación e incluso con la utilización de apoyos diversos y ajustes razonables, no se consideran sus deseos, por lo que presentan un estado de compromiso de la conciencia producto de una limitación funcional. Dado que en la actualidad dichas personas no cuentan con la capacidad para decidir por sí mismas cómo autodeterminarse, requisito de la Ley n.° 9379, y que el instituto de la curatela fue derogado, se ha generado una discusión jurídica en el país sobre cómo podría interactuar la figura del garante con el abordaje de la representación legal y administración del patrimonio. De conformidad con lo anterior, este trabajo plantea como hipótesis: La figura del curador, utilizada de forma supletoria a la salvaguardia, bajo el nuevo paradigma de la discapacidad y calidad de vida, resulta necesaria para asegurar el respeto de los derechos humanos en los procesos judiciales...
|
|---|