| Sumario: | En Costa Rica, desde los años sesenta, ha habido preocupación por la conservación de la fauna y flora silvestre, esta se consolidó con la creación de la Ley N.º 6.084 (Ley del Servicio de Parque Nacionales) el 24 de agosto de 1977, anudado al digesto de legislación nacional que establece mecanismos para la protección ambiental. Las leyes específicas en materia ambiental establecen mecanismos de resarcimiento del daño ambiental, para reparar e indemnizar los daños causados al ambiente y salud de los ciudadanos, tratando de garantizar el derecho a un ambiente sano, establecido en nuestra Constitución Política en el artículo 501, haciendo uso de un régimen penal que incluye penas de prisión y medidas cautelares. Es así como, el derecho penal ambiental tipifica conductas y acciones en las que ya se presupone en muchos de los casos la existencia de un daño ambiental, como contaminación de aguas, drenaje de humedales, comercialización de especies de flora o fauna protegidas, tala de un bosque protegido, invasión de área silvestre protegida, entre otras; o aquellas dónde no existe un daño, pero si una puesta en peligro del bien jurídico tutelado. En una época donde, el no uso adecuado de los recursos aunado a la contaminación se convierte en uno de los mayores problemas a nivel mundial, involucrando las políticas públicas, económicas y sociales de los Estados. No obstante, la definición de los delitos ambientales conlleva a cuestionamos si esta legislación ha dado el resultado esperado en cuanto a la protección del ambiente en concordancia con el principio preventivo y precautorio del derecho ambiental y si estos logran su cometido o, si por el contrario, solo son artículos dentro de un ordenamiento jurídico ineficaz para la protección de los recursos naturales. Es a partir de esta preocupación que surge el presente trabajo el cual tiene como objetivo general analizar si los delitos ambientales, establecidos...
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