| Sumario: | El ejercicio de la potestad disciplinaria conlleva la posible imposición de una sanción y la supresión de derechos a los funcionarios, debido a ello se considera indispensable la tipificación de un procedimiento administrativo disciplinario, que garantice el debido proceso, y que se conduzca con la intención de lograr un máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, respetando en todo momento el ordenamiento y los derechos del administrado. En Costa Rica, la Ley No. 6227 -Ley General de la Administración Pública- regula el procedimiento administrativo sancionador, el cual es de aplicación obligatoria para toda la Administración Pública. Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) regula este en la normativa de relaciones laborales, de modo que, con base en esta regulación, se instaura e instruye el procedimiento administrativo disciplinario y se ejercen las sanciones correspondientes. Sin embargo, esta institución afronta grandes problemas en el ejercicio de su potestad disciplinaria, por cuanto los procedimientos se tornan complejos y sumamente extensos. En virtud de lo anterior, se identificó el siguiente problema: "El procedimiento administrativo ordinario regulado en la Normativa de relaciones laborales de la CCSS es sumamente complejo y extenso, lo cual conlleva la generación de vicios, entrabando con ello la búsqueda de la verdad real y, en general, los fines de la Administración". Se consideró como hipótesis que, para garantizar un ejercicio ágil y eficiente de la potestad disciplinaria en la CCSS, es necesario racionalizar el procedimiento administrativo ordinario y que, para ello, el Libro II de la Normativa de Relaciones Laborales (NRL) debe ser derogado, por cuanto las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la Administración Pública son suficientes para garantizar que el tal procedimiento sea conducido con celeridad y eficiencia...
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