| Summary: | El 23 de setiembre del año 2013, Costa Rica aplicó para convertirse en miembro de la mesa de trabajo sobre Cohecho Internacional de OCDE y firma la Convención CCSP. La firma de la convención y su posterior ratificación por parte de la Asamblea Legislativa generaron una serie de compromisos en el país, entre estos el de penalizar penalmente a las personas jurídicas. Existe claridad en cuanto a la imputación objetiva de las personas jurídicas, idea que se reitera en la doctrina alemana, aunque en este país se siga entendiendo que las personas jurídicas son una ficción jurídica y por lo tanto no pueden delinquir. Sin embargo, no hay claridad en cuanto a la imputación subjetiva, ya que existen diversos criterios que se pueden utilizar y que parecen no estar presentes en la Ley No. 9699. Como hipótesis se plantea que el criterio de imputación subjetiva utilizado en la Ley No. 9699 de la República de Costa Rica sobre la Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y Otros Delitos es insuficiente para responsabilizar penalmente a una persona jurídica. Por medio de los objetivos específicos se ha busca analizar las teorías de imputación subjetiva desarrolladas en Alemania, España y Estados Unidos de América para identificar, si es que existe, cual es la teoría aplicada en la Ley No. 9699, También, se analizan los contenidos y tendencias político-criminales de las teorías de imputación subjetiva con el fin de determinar el posible aporte a la Ley No. 9699. Además, se determina cual es el alcance jurídico de la Ley No. 9699 y con el fin de hacer posible la efectiva persecución de las personas jurídiza se realiza una propuesta de lege ferenda, tomando en consideración el aporte doctrinal del análisis de derecho comparado.
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