| Sumario: | En el mundo los biocombustibles surgieron como alternativa en la búsqueda de herramientas para sustituir, en alguna proporción, los combustibles fósiles, reducir emisiones de efecto invernadero, cumplir con los compromisos para paliar los efectos del calentamiento global y fortalecer la seguridad energética. Esto ha representado una serie de retos con relación a la temática ambiental, la seguridad alimentaria y cuestiones relativas a su producción, por ejemplo. Todo ello ha hecho necesaria la promulgación de normativa para regular la actividad. Hasta la fecha, en Costa Rica los biocombustibles han sido regulados únicamente por medio de la figura del decreto. Desde el 2008, mediante el Programa Nacional de Biocombustibles se reconoció la necesidad e idoneidad de promulgar una ley en el mediano plazo. Por una cuestión de celeridad y como una primera etapa, al no existir ningún instrumento legal que regulara la materia, se recurrió a la figura del decreto. En 2009 se creó el Decreto Ejecutivo N.°.35091, que fue derogado, y sustituido posteriormente (2017) por el Decreto Ejecutivo N.°40050 -norma única que regula la materia actualmente-. De acuerdo con lo reseñado, esta investigación tiene como propósito efectuar un análisis principalmente legal, de manera que relaciona los biocombustibles con la seguridad jurídica, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Específicamente, se valoró la necesidad de aprobar una ley para dotar de seguridad jurídica la actividad y con esto fortalecer su producción e implementación en el país. Lo que se pretendía demostrar -como sucedió- es que la inseguridad jurídica y la ausencia de una ley específica, aunado a la volubilidad propia de los decretos; es decir, la constante amenaza de ser derogados sin mayor justificación que la voluntad política del momento, así como la debilidad de la norma en virtud del principio de jerarquía normativa, son la principal...
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