| Summary: | La Contratación Administrativa, ahora denominada "Contratación Pública", es el sistema por medio del cual la Administración, con la colaboración de particulares, adquiere los bienes, obras y servicios que requiere para garantizar el interés público; configurándose, de esta forma, como una herramienta a la cual accede la Administración para satisfacer las necesidades de los administrados. En los últimos años se han hecho de conocimiento público diversos casos en los que la Contratación Pública ha soportado vicios, tanto en su procedimiento constitutivo, como en su ejecución, los cuales se han caracterizado por contener anomalías que contrarían lo estipulado en la normativa que rige la materia. Dentro de las modalidades de Contratación Pública se encuentra la oferta vía Consorcio, esta se emplea, principalmente, en materia de obra pública; no obstante, a pesar de su trascendencia en las adjudicaciones de proyectos, no existe una regulación precisa en el sistema jurídico costarricense de esta figura, lo que podría incidir en tales irregularidades. A partir de ello, surge el cuestionamiento del papel que ha desempeñado la Contraloría General de la República en esta materia, debido a que se parte de la hipótesis de que ostenta las potestades y atribuciones, de orden constitucional y legal, suficientes para evitar las irregularidades en la Contratación Pública en la modalidad del Consorcio; sin embargo, omite su labor de fiscalización pese al conocimiento de la presencia de anomalías en la materia. El objetivo general de la presente investigación consiste en establecer las potestades fiscalizadoras del Órgano Contralor en materia de Hacienda Pública y, por consiguiente, en la Contratación Administrativa (Pública) y con ello determinar su posible responsabilidad frente a las irregularidades que se presentan o podrían presentarse cuando se emplea la modalidad del Consorcio. La hipótesis planteada resultó...
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