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|a El presente trabajo contiene los resultados de la investigación académica sobre el desahucio y lanzamiento en Nicaragua, teniendo como eje de investigación la interrogante de si existe o no regulación procesal específica en la Ley No. 902, Código Procesal Civil de la República de Nicaragua (CPCN). Del análisis de la información obtenida mediante la aplicación de instrumentos y técnicas de recolección de información, como entrevistas a litigantes, académicos, defensores públicos y judiciales, así como la revisión y estudio de causas de desahucio en el sistema de información del Poder Judicial (NICARAO), en la ciudad de Managua. El primer capítulo se destinó a realizar un esbozo general sobre premisas conceptuales del contrato de arrendamiento y en particular consideraciones sobre las principales corrientes jurídico-doctrinarias que desarrollan las nuevas tendencias sobre el tratamiento procesal de los procesos de desahucios por impago del canon de arrendamiento, vencimiento del plazo u otros motivos. El segundo capítulo tuvo por objeto contextualizar la realidad jurídico-regulatoria de Nicaragua en materia de procesos que tengan por finalidad dar por terminado un contrato de arrendamiento por razones de incumplimientos atribuibles al arrendatario y formular un diagrama de los procesos judiciales que debería tramitar un arrendador que pretende recuperar la finca arrendada. En el abordaje de nuestra norma procesal civil no regula el desahucio de forma específica, ni establece el juicio de desahucio como tal, aunque la pretensión incoada se nomine como desahucio, según las causales de terminación del contrato de arrendamiento establecidas en el Código Civil (arto. 2924 C), y diversas normas especiales en esta materia, siempre teniendo como objetivo teleológico la recuperación de la posesión por parte del propietario del inmueble. En tal virtud, todo lo relacionado con arrendamientos urbanos o rurales de bienes inmuebles, se deciden por los trámites del proceso ordinario, así lo establecen las voces del artículo 391.6 CPCN. El legislador únicamente consideró la sustanciación sumaria para las pretensiones que se promuevan con fundamento en la Ley de Inquilinato (arto. 510 CPCN), y sabemos sus limitantes de cobertura por el valor de los bienes arrendados que regula (Treinta mil córdobas en Managua y veinte mil en el resto del país), dejando de tajo por fuera los arrendamientos comerciales. En cuanto al tercer capítulo, se dedicó a realizar un recorrido por experiencias legislativas de países como Costa Rica, Guatemala, España y Chile, experiencias de las cuales se recogieron dos tipologías de procesos de desahucio: i) El desahucio monitorio que es concebido como un proceso cognitivo de contienda limitada que tiene por objeto: i) Dar por terminado un contrato de arrendamiento por falta de pago junto con la reclamación de las rentas adeudadas y restitución de la finca arrendada; ii) Restituir la finca arrendada con ocasión de la expiración del plazo del contrato de arrendamiento y iii) La restitución de la finca arrendada con ocasión de haberse vencido el plazo contractual y ii) El desahucio sumario (sin aplicación de técnica monitoria) constituye un proceso que tiene por objeto dar por terminado un contrato de arrendamiento o restituir una finca arrendada por causas contractuales o legales. Finalmente, establecemos propuestas para fines de lege ferenda, auxiliados de otras realidades normativas semejantes en su esencia a nuestra norma procesal civil, con el fin de desembarazar la restitución de la posesión del inmueble a su propietario y que la sustanciación en juicio ordinario sea la excepción y no la regla.
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