| Sumario: | El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad de la persona o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. Artículo 56, Constitución Política de la República de Costa Rica. El acceso a una actividad productiva digna es una necesidad y un derecho de todo ser humano, sin distinción de etnia, credo, género, orientación sexual, condición social, física, mental o intelectual, por lo que es deber del Estado costarricense garantizar y proteger dicha accesibilidad en aras de promover la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Por dicha razón, Costa Rica ha adquirido y ratificado compromisos internacionales en materia de discapacidad y trabajo, mismos en los que se ha basado para el desarrollo de políticas internas, que, a su vez, han afianzado los esfuerzos de inclusión de la población con discapacidad al mercado laboral en el país, al facilitar a dicha población el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado costarricense, por medio de sus instituciones, debe encausar su labor en procura del establecimiento de condiciones que aseguren entornos laborales inclusivos, razón por la que se requieren acciones dirigidas a la estimulación de la participación de las personas en situación de discapacidad en el mundo laboral. Es por esto que se debe fortalecer el eje de institucionalidad mediante la provisión de los recursos necesarios para la ejecución de políticas inclusivas.
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