| Sumario: | La ciberdelincuencia, como fenómeno criminal transfronterizo, fue enfocado por primera vez mediante la consolidada iniciativa de enfrentamiento que se plasmó a través del Convenio de Budapest (en adelante el Convenio), considerado este como instrumento de cooperación penal internacional multilateral, inicialmente adoptado por un grupo reducido de países europeos y, cuyo alcance del texto convencional, se extendió posteriormente a países de todo el mundo.La adhesión de cada Estado parte al Convenio, tal y como lo establece el propio texto convencional tiene como fin prioritario aplicar una política penal común, encaminada a proteger a la sociedad contra la ciberdelincuencia. Esto se busca a través de la armonización de la legislación sustantiva y procesal; así como mediante el fomento de la cooperación penal internacional, visto este último como mecanismo idóneo para reducir la impunidad. Adherirse al Convenio implica para el Estado parte el contar con una materia penal clara y pensada para hacer frente al fenómeno criminal o, al menos, como insumo para tomar como base para su discusión y aprobación y permitir construir cimientos normativos internos sobre el tema. En el caso de Costa Rica, esta construcción debe ir de la mano con los aportes que emitan los estudios criminológicos vertidos por el Instituto Nacional de Criminología, en su condición de verdaderos especialistas de la materia. Teniendo clara la política criminal frente al fenómeno de la ciberdelincuencia, se analizará la participación de los diversos actores que permitirán garantizar la ruta marcada por la ley, y por esta vía lograr la identificación de las debilidades y fortalezas que conlleven a su efectiva aplicación.
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