| Sumario: | El análisis realizado en este trabajo consiste en un estudio de la política criminal utilizada con la aprobación de la Ley Nº 9699, Responsabilidad de las Personas Jurídicas Sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos. El estudio abarcalos siguientes tópicos: una descripción de la política criminal del Estado costarricense para la promulgación de leyes penales, una interpretación de la política criminal incluida en esta ley y una identificaciónde fortalezas y debilidades de dicho cuerpo normativo. De forma general, la investigación sostiene quela política criminal debe tener como base, estudios criminológicos y el respeto a las garantías vigentes, es así que, apartir de estos dos elementos, se debería crear una política criminal penal. En ese sentido, esta políticadebe ser un acto pensado, con estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno criminal y en acatamiento de los principios que rigen el ordenamiento nacional, principios que constituyen límites para el poder represivo del Estado. A partir de lo encontrado en la normativa, se sostiene que notoda respuesta al fenómeno criminal debe ser penal, pues esta debe ajustarse a los fundamentos anteriores. Según el análisis de los planes de gobierno de los últimos tres mandatos presidenciales de Costa Rica, las reformas legales,en lo penal de los últimos diez años, y las diferentes posiciones doctrinales, evidencianque la política criminal en Costa Rica para la promulgación de leyes penales, no ha sido elaborada, ni considerada de manera efectiva, sino que ha sidocarecido de un enfoque global por parte del Estado. La afirmación anteriorse fundamenta en el hecho de quenormas, como: ¿qué se debe prevenir como delito y cuál es la respuesta ante esta situación? fueron dictaminadas y aprobadas como producto de una situación coyuntural que no resultó ser el momento idóneo para estas acciones.
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