| Sumario: | En el año 2013, la Ley 9161 promulgó el numeral 77 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la cual por primera vez incorporó en la legislación penal costarricense, una norma con perspectiva de género y proporcionalidad, en lo particular, para un grupo de mujeres que introducen droga en centros penitenciarios. La investigación que se plantea utiliza la metodología cuali-cuantitativa. Se nutre de los estudios jurídicos, doctrina, jurisprudencia, normativa y de las investigaciones cualitativas y cuantitativas realizadas por la Defensa Pública. Estos estudios permiten mostrar a las mujeres que introducen drogas en la cárcel, como un sector de la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad, a quienes, a partir del cambio legislativo, es posible aplicarles medidas alternas a la privación de libertad, penas sustitutivas diferentes a la prisión y beneficios de ejecución condicional de la pena, tanto en los Tribunales de Alajuela, por concentrarse en este lugar la mayor cantidad de centros institucionales, como en la totalidad del territorio nacional. En forma novedosa se utiliza como herramienta de análisis la interseccionalidad, para entender a las mujeres en su contexto y valorar las discriminaciones estructurales a las que han estado sometidas, como consecuencia de los factores de vulnerabilidad y de los contextos históricos, sociales, políticos y el reconocimiento de las experiencias individuales, que resultan de la acción de las diferentes categorías identitarias. En la investigación se trata de visibilizar, desde la teoría de la interseccionalidad, los efectos de una reforma de ley y su impacto en el Poder Judicial, luego de seis años de su promulgación, para valorar fallas y éxitos, partiendo de sus repercusiones sociales y jurídicas.
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