| Sumario: | La administración eficiente de los recursos públicos y del capital humano docente han sido temas de interés permanente en la Universidad de Costa Rica; empero, en una coyuntura presupuestaria enrevesada e incierta como la que enfrenta actualmente la Institución y, en general, el país, este tópico adquiere mayor relevancia y donde la evaluación de cargas académicas del profesorado se convierte en un instrumento vital para la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores. Avanzada la década de 1970, la administración universitaria implementó un sistema de evaluación permanente de las actividades asignadas al profesorado, mediante el cual se pretendía, además de sistematizar información objetiva y precisa respecto al quehacer de las unidades académicas, la dinámica institucional y el servicio brindado por la Universidad; determinar las necesidades presupuestarias relacionadas con la contratación de personal académico y, en el marco del contrato social que la Universidad mantiene con la sociedad costarricense, transparentar la gestión universitaria, robustecer el sistema institucional de control interno y coadyuvar en el proceso de rendición de cuentas. A pesar de que el objetivo principal de la evaluación de las cargas académicas docentes no ha experimentado variaciones significativas en el tiempo, en el curso de su existencia, ha registrado importantes modificaciones operativas debido, principalmente, a tres elementos: la diversificación de las actividades realizadas por el personal académico; la incorporación gradual de la tecnología en el proceso evaluativo; y la modificación del marco normativo institucional que regula la asignación y administración de la carga académica docente, aspecto que, dada su relevancia, es repasado en este artículo, el cual, concomitantemente.
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