| Sumario: | En el marco de las políticas criminológicas modernas las penas comunitarias son una alternativa a los efectos negativos de la prisión. Variables como los altos índices de sobre población obligan a los estados a ubicar sustitutivos del modelo carcelario. Dentro del catálogo de penas comunitarias, la multa es la más utilizada, consiste en la imposición judicial de pagar un monto dinerario a favor del Estado contra el responsable de un delito. Aunque su uso proviene de tiempos remotos, se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, impulsada por el auge del modelo capitalista y el fracaso de la prisión ante delitos menores. La creación de las Reglas de Tokio de la ONU en 1990, que fijaron las bases del modelo penal alternativo, aumentó el uso mundial de multas. Costa Rica ratificó las Reglas en 1990 y amplió la regulación de multas en el Código Penal y varias leyes especiales, como la Ley de Pesca y Acuicultura del año 2005. Aunque el artículo 53 del Código Penal fija un tope máximo de 360 días multa, varios artículos de la Ley de Pesca tienen multas superiores; por ejemplo, el artículo 153 sanciona la pesca ilegal con entre 20 salarios base (600 días multa) a 60 salarios base (1800 días multa). Como agravante, el artículo 56 penal dice que los días multa se pueden convertir a días de prisión por impago. Por lo anterior, la investigación realiza un estudio de constitucionalidad del monto de la multa del artículo 153 de la Ley de Pesca. Para cumplir ese propósito se analiza normativa, doctrina y jurisprudencia constitucional a través de un estudio cualitativo, descriptivo, exploratorio y no experimental. Las conclusiones muestran la ilegalidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad de cualquier pena de multa superior a 360 días, 12 salarios base o un año en Costa Rica.
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