| Sumario: | El proceso penal está diseñado fríamente para penalizar las conductas que se consideran contrarias al orden social, sin embargo, ha ido poco a poco teniendo mayor apertura para el juzgamiento de personas con factores especiales que les sitúan en clara desventaja frente a los demás (aplicación del principio de igualdad y no discriminación), como ha ocurrido respecto al tratamiento de la mujer en el delito, esto por aplicación directa de artículos como el 77 bis de la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (ley Nº 8204)o el 71 y 72 del Código Penal. Estos nuevos horizontes tornan en necesario redirigir el estudio hacia un fenómeno que tiene consecuencias sociales adversas, concretamente la relación sinalagmática entre el consumo problemático de sustancias y el delito. Es importante entrever que la adicción no surge del interior del sujeto, sino del medio y sus circunstancias, por ello no basta tratar de tutelar la seguridad nacional y combatir el narcotráfico, sino que es menester construir sistemas integrales, los cuales permitan luchar contra la adicción de las personas y sobre todo de aquellas involucradas en la comisión de delitos. Por lo tanto, el valor de la presente investigación reviste en asentar una base para determinar la imposición de posibles soluciones en la vía jurídico-penal para personas con consumo problemático de sustancias que cometan el delito de venta de drogas, regulado en el numeral 58 de la mencionada ley Nº 8204, pues tal como se encuentra el ordenamiento jurídico nacional, estas personas se enfrentan a penas privativas de libertad que van de 8 a 15 años si son condenadas, lo cual aparte de no solucionar su problemática individual, representa uno de los fenómenos más importantes del incremento del hacinamiento carcelario.
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