| Sumario: | Este trabajo pretende elaborar un análisis de la importancia y necesidad de que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Adjunta de Probidad creen políticas de persecución penal transparentes y eficaces. Lo indicado se debe a que, a 20 años de entrada en vigencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda (la cual fue la primera especializada en materia de corrupción), aún no se cuenta con políticas de persecución claras, lo que genera inseguridad jurídica para el ejercicio adecuado de la defensa técnica y material, porque las decisiones de la fiscalía en procesos especiales abreviados, medidas alternas, criterios de oportunidad, quién se apersona al proceso como víctima y qué casos se presentan a la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, se tornan subjetivas y sin ninguna guía para el correcto ejercicio de la acción penal, ya que cada caso y decisión que deben tomar los fiscales y fiscales auxiliares deben ser aprobados o no por el fiscal adjunto, generando que otros similares puedan resolverse de manera distinta. Aunado a ello, no se toman en cuenta, para esa toma de decisiones, aspectos de vulnerabilidad de la persona imputada y solo se persigue un fin disuasorio, como respuesta al problema de seguridad ciudadana que aqueja al país. De ahí que este trabajo busque analizar qué es una política de persecución, su importancia, cómo debe crearse y cómo esto incidirá en el debido proceso penal o legal, según los alcances de las convenciones internaciones suscritas por Costa Rica.
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