| Sumario: | Los cambios constantes del mundo de fines del siglo XX han llevado a los estudiosos a un examen profundo de las instituciones existentes; en este sentido, los problemas de la aplicación cae la justicia, han ocupado un lugar cimero en esta discusión; particularmente, lo referente a la búsqueda de fórmulas que permitan la agilización de los procesos, especialmente los penales, dadas las implicaciones de carácter unitario que conlleva. Nuestro país no se ha mantenido al margen de esta polémica. Dentro de ese contexto, se ha venido desarrollando una corriente doctrinaria dirigida la modificación de las normas que rigen el proceso penal, tomando como base para las reformas a realizar, las experiencias de otros Estados, en lo tocante al procedimiento penal. El caso nuestro, el Libro III del Código Judicial, es objeto de una propuesta de reforma, cual fue presentada por el Procurador General la Nación, a la Asamblea Legislativa y tiene finalidad incorporar el Principio de Oportunidad Reglado, como una excepción al Principio de Legalidad existente. Actualmente, cientos de denuncias se presentan a diario en las distintas agencias del Ministerio Público, las cuales atendiendo al principio de legalidad existente en nuestro País, debe el funcionario de instrucción elevarlas ante el Organo Jurisdiccional, a pesar que las mismas carezcan de los elementos necesarios para acreditar el hecho delictivo. Con el presente trabajo se pretende demostrar, que la incorporación del principio de oportunidad, producirá un descongestionamiento de los tribunales de justicia, permitiendo que los funcionarios de instrucción puedan dictar resoluciones de archivo, lo que evitará que miles y miles de expedientes ingresen al órgano jurisdiccional saturándolo. De este modo, el Estado podrá dedicar todos los recursos disponibles a la persecución del resto de los delitos, en los que se den los presupuestos, para un encausamiento efectivo, lo que hará más eficaz, expedita y oportuna la administración de justicia.
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