| Sumario: | El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo analizar la aplicación del régimen de excepción por parte de la CNE y las unidades ejecutoras, como el mecanismo de operación de la Administración Pública Costarricense para la recuperación de zonas afectadas por desastres, tomando como referencia el caso del Terremoto de Sámara en el año 2012. Históricamente, Costa Rica tiene una de las mayores incidencias de riesgos ante desastre de la región, los eventos más probables y más recurrentes son las inundaciones, en promedio dos al año, esto por el efecto de varios fenómenos hidrometeorológicos que afectan al país de manera regular, luego los sismos, constituyendo estos los eventos más intensos (pero no frecuentes), en términos de las pérdidas que pueden generar. (Picado, 2017). Si bien los desastres son asociados a eventos de origen natural que causan afectación sobre los bienes y servicios en una sociedad, es necesario entender que existe un incremento en la vulnerabilidad debido a condiciones sociales predominantes. Para la recuperación de los daños ocasionados por estos desastres, la administración pública cuenta con un régimen de excepción que responde a un precepto doctrinario que contraría el sentido común, por cuanto se establece la posibilidad de recurrir a actos que implican un rompimiento del régimen social de derecho con la finalidad de proteger la vida y los bienes La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), es la institución quien tiene a cargo la administración del mencionado régimen de excepción; sin embargo, es por medio de las unidades ejecutoras quienes tienen a cargo la ejecución de las obras consignadas en un Plan General de la Emergencia (PGE) para la recuperación. Este régimen se activa bajo la declaración de emergencia nacional, la cual es potestad del Poder Ejecutivo. El análisis del régimen de excepción se aborda desde una perspectiva...
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