| Sumario: | Con la promulgación de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer (LPVM) en el año 2007, el Estado costarricense otorgó una tutela judicial más amplia y efectiva a la mujer, en contextos de violencia de género y en el marco de una relación, cumpliendo así con una serie de compromisos internacionales derivados de la suscripción de tratados en materia de derechos humanos. Pese a ello, la LPVM ha sido objeto de constante polémica en torno a la interpretación que debe cimentarse sobre su ámbito de aplicación, por cuanto el concepto “unión de hecho” resulta a todas luces indeterminado. El objetivo de esta investigación es analizar desde diversos enfoques el contenido que debe darse a ese concepto y así construir un marco interpretativo acorde a los Derechos Humanos y al margen de la última línea jurisprudencial vertida por la Sala Tercera. En el desarrollo de trabajo se exponen los resultados obtenidos, se analizan las entrevistas realizadas y se extra en conclusiones de relevancia. Junto al interés académico, la investigación tiene una relevancia práctica ya que los datos obtenidos pueden contribuir a crear un consenso y a unificar los paradigmas existentes en torno a la temática, ofreciendo además una propuesta legislativa que se traduce en una reforma al numeral segundo de la LPVM con el fin de otorgar seguridad jurídica a la hora de delimitar el referido concepto.
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